La dimensión que ha tomado en el país y en el mundo la violencia de género tiene un impacto en distintos niveles de la sociedad. De manera general, el sistema de salud es uno de ellos de con especial incidencia en los costos de la salud pública así como en las estrategias que deben implementarse desde allí para minimizar la problemática.

El flagelo afecta a más de un tercio de las mujeres a nivel global. Es decir que personas de todas las nacionalidades y clases sociales en los países desarrollados son parte de este grave problema. Con variaciones, en América Latinas entre el 17 % y el 53 % de las mujeres declararon haber sufrido violencia sexual, física o psicológica por parte de su compañero.  

La violencia va desde el abuso físico o verbal, el aislamiento, la privación, las amenazas y la humillación. Cada vez más, este tipo de situaciones termina con femicidios que –más allá del castigo diferencial que existe en Argentina- crecen a tasas que asustan.

Las consecuencias de la violencia de género se extienden a todo el núcleo familiar; con grave impacto en los hijos y en las personas cercanas a la pareja. Se estima que uno de cada tres niños víctimas de estas situaciones –en los que el abuso de todo tipo suele estar presente- se convierte o en víctima de violencia o en un adulto abusador.

Además de los precios sociales y vinculares que esto tiene y que atraviesan a toda la sociedad, existen altos costos económicos que impactan en el sistema de salud. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en ese país el gasto por cuestiones relacionas con la violencia de género supera los U$S 5800 millones por año.

Casi dos millones de lesiones y más de 1300 muertes anuales se contabilizan solo en Estados Unidos. En Argentina, la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió que en 2021 se registraron 251 víctimas letales de violencia de género, un promedio de un femicidio cada 35 horas. La cifra creció en 2022, pese a que aún no hay datos ciertos.

Pese a que muchos países de América Latina han diseñado políticas específicas con el objetivo de evitar o minimizar este tipo de situaciones; los esfuerzos no se terminan de registrar en las estadísticas. En este contexto, la mirada sobre el rol de la salud pública tiene que ver con la prevención y la importancia de que los efectores de salud funcionan como espacios de detección, tratamiento y apoyo para las víctimas de la violencia contra las mujeres. El objetivo es que ese gasto que existe y llega tarde se convierta en una inversión que se anticipe, prevenga y evite el maltrato.

Sin embargo, tanto en el país como en la provincia y el mundo existen cuellos de botella y espacios críticos en lo que a formulación de políticas públicas respecta; con una alta deficiencia general en lo que a hogares seguros para las víctimas. Eso, por no mencionar la importancia de un cambio cultural y de una legislación que castigue este tipo de violencia, antes de que se llegue a la muerte.

Esto es porque todavía existe un alto nivel de impunidad de los agresores que debe frenarse. Por otro lado, es clave el papel crítico que tienen las mujeres para mantener la salud y estabilidad de la familia. El primer paso es focalizar en la promoción de la igualdad de género a nivel mundial como la mejor estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres.

Fuente: La Nación