A nivel global, y en la Argentina en particular, las enfermedades cardiovasculares lideran el ranking de enfermedades no transmisibles y representan la primera causa de muerte prematura.

Gran parte de éstas son causadas por la acción de determinados factores de riesgo tratables (hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado, obesidad, tabaquismo, sedentarismo) y sus presentaciones agudas (infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, etc.) son potencialmente graves, por lo que no se debe demorar la consulta en caso de presentar síntomas compatibles. El cuidado ambulatorio de los pacientes con enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo resulta fundamental debido a que el control adecuado reduce el riesgo de eventos agudos.

La calidad y el acceso a la salud son esenciales para disminuir la mortalidad que generan las enfermedades cardiovasculares. Para dimensionar su impacto, se ha observado que las personas que habitan países de ingresos medios como el nuestro poseen 3 veces más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular fatal que aquellos de los países de ingresos altos. Si bien este incremento del riesgo está asociado a diferencias socio-culturales, el acceso deficiente a los servicios de salud constituye un componente central de este exceso de eventos cardiovasculares fatales.

A finales de 2019 se reportaron los primeros casos de infección respiratoria por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), con propagación a nivel global durante el primer trimestre del año 2020, hecho que motivó la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, las enfermedades cardiovasculares cobraron relevancia por tres motivos:

1. Su padecimiento ubica al paciente entre los grupos de mayor riesgo para infección grave por SARS-CoV-2.
2. Se registró una sensible disminución de las internaciones por cuadros cardiovasculares agudos.
3. Se generó la cancelación de consultas y procedimientos médicos programados como consecuencia de la adopción de medidas preventivas por parte de los Estados, tendientes a disminuir la circulación de personas.

Entre las razones que causan estos fenómenos podemos citar:

• Reticencia para consultar por síntomas agudos debido al temor de contagiarse el virus.
• Preocupación por los problemas legales que puede implicar movilizarse hasta el hospital para aquellos ciudadanos que no están exentos del aislamiento.
• Cancelación de turnos médicos programados.
• Disminución en la dotación de trabajadores de la salud considerados población de riesgo para COVID-19 a causa de licencias preventivas.
• Disminución en la dotación de trabajadores de la salud debido a infección viral.
• Desviación de los recursos institucionales (ej.: camas de cuidados intensivos) para la atención prioritaria de pacientes infectados por COVID-19.

Teniendo en cuenta entonces que debemos intentar interrumpir al mínimo posible la atención programada o de emergencia de este grupo de pacientes, hay que considerar también que continuar con el abordaje de estas patologías sin tener en cuenta el riesgo a la exposición viral podría incrementar la proporción de infectados por coronavirus que pertenecen al subgrupo con mayor riesgo de complicaciones y muerte a causa del virus. Este delicado equilibrio plantea al sistema de salud la necesidad de articular acciones y desarrollar intervenciones creativas que puedan sortear las dificultades que el aislamiento social impone.

Con el desarrollo de las distintas vacunas en el último año se suma un factor de crucial importancia en esta ecuación entre enfermedad cardiovascular y COVID-19. Las mismas han demostrado en diferentes estudios ser eficiente en reducción de mortalidad y complicaciones graves, y por esta razón, al estar las enfermedades cardiovasculares dentro del grupo de mayor riesgo entre los enfermos por COVID-19, es que se debe priorizarlos en las estrategias de vacunación.

A modo de resumen, algunas de las medidas a implementar son:

• Fomentar la utilización de herramientas de telemedicina para el seguimiento ambulatorio y para consultas que no requieran valoración presencial urgente.
• Contactos presenciales del paciente con el sistema de salud realizados bajo estrictas normas de bioseguridad.
• Acceso a medicación con receta digital, con retiro en el menor tiempo posible, e idealmente provisión por al menos 90 días.
• Sistema de atención de urgencias (telefónico, por guardia, en internación en sala común o unidad de cuidados intensivos) diferente y separado al utilizado para atención de pacientes con COVID-19
• Vacunación prioritaria de pacientes con enfermedad cardiovascular/factores de riesgo.

El objetivo a lograr será, finalmente, garantizar la atención de la patología cardiovascular tanto aguda como crónica con el menor riesgo de exposición y contagio por COVID-19 posibles, para reducir el impacto en la salud de estos pacientes.

NDR: aportes realizados por Germán G. Migone (M.P. 11715), Médico Cardiólogo y miembro de la Sociedad de Cardiología de Mendoza.