Meses de inversión en salud frente a la pandemia y una cuarentena bastante más larga que en otros lugares lograron retrasar un escenario no deseado: el colapso del sistema sanitario. Hasta Mayo, la situación parecía medianamente controlada, con focos intervenidos de manera exitosa. Los gobiernos provinciales y el nacional trataron de abastecerse, y compraron insumos para reforzar la atención ante el Coronavirus.

Se sabía que la curva en algún momento comenzaría a subir. Sin embargo, no se contaba con una situación tan compleja como la actual: hospitales llenos, médicos cansados y miles de personas que pierden sus empleos o no pueden desempeñar con normalidad sus actividades productivas. Ahora bien, a la situación actual de crisis sanitaria y económica podría sumarse una crisis más, según el presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la Argentina (CEMPRA), Ricardo Lilloy: la demanda de un millón de personas al sistema público de salud por perder cobertura de sus obras sociales.

“El hospital público viene de muchos años de crisis y de poca capacidad de brindar servicios. De hecho, hoy está en crisis el 85% del presupuesto de hospitales públicos para pagar sueldos. Por el cierre de Pymes, un millón de personas va a quedar sin la cobertura médica con la que cuenta actualmente y se va a volcar al sistema público. Esta situación llevaría a una súper crisis en materia de salud, que hoy no se da porque el 70 u 80% de la atención la realiza el sector privado, con otra eficacia y otra situación económica”, aseguró el representante.

De acuerdo con el magister en administración de salud (Mat. 809), a esta situación, además, se suma la actual problemática que atraviesan obras sociales y prepagas privadas, las cuales deben incrementar el valor de los planes o dejar de brindar algunos tratamientos para poder cubrir los exigidos por ley: “El menú de obligaciones que tienen las obras sociales y prepagas no tiene correlato con el valor de ingreso. Acá es muy importante decir que las obras sociales tienen un ingreso que no fijan ellas, sino que un porcentaje lo aporta el patrón y un porcentaje lo aporta el empleado. Muchas de las cosas que se deben cubrir son importadas, están reguladas por el dólar e inflacionariamente. Entonces, la incorporación de nuevos medicamentos y tratamientos hacen que el valor de la prestación se incremente”.

Para poder hacerle frente a ambas problemáticas y que la situación no se agrave, el especialista dijo que existen algunas alternativas que han acercado (desde la CEMPRA) a modo de propuesta para el Estado. Así, para evitar la súper crisis arriba mencionada, proponen que el Estado haga un aporte- equivalente al promedio que recauda la seguridad social- a la obra social de las personas que quedan desempleadas o con empleos informales, ayudando a contener la atención médica de ella y su familia durante un período de seis o más meses, y hasta que pueda relocalizarse (conseguir un nuevo empleo).

También, plantean que se vuelva a mirar el Programa Médico Obligatorio (canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales), revisando el costo de la cobertura, lo que alcanza para financiar a través de los aportes y retenciones del empleado y el lugar del que provendrá el dinero para pagar más tratamientos y medicamentos (Estado Nacional, creación de un impuesto, aumento del porcentaje de aportes y retenciones).

“El alto costo de tratamientos y medicamentos agregados debería ser materia de cobertura del Estado, como es en Uruguay donde existe un fondo para ello. El Estado tiene muchas posibilidades de manejar eso, entre otras cosas, porque puede hacer licitaciones para comprar estos productos, que son monopólicos. Como en muchos casos los tratamientos son carísimos   y cuentan con un fallo judicial que obliga a la obra social o prepaga a proveerlo, no hay prácticamente margen de negociación. Eso sí lo puede hacer el Estado y, por ello, planteamos como cámara (CEMPRA), que este se haga cargo y que cree una agencia que evalúe estos tratamientos (que muchas veces no son efectivos como se proponen)”, sentenció Lilloy.