El verdadero debate por la despenalización del aborto tendrá lugar el 13 de junio en el Congreso de la Nación. Mientras, grupos sociales se han declarado a favor y en contra de la ley.

El 20 de mayo, millones de personas en 200 ciudades de la Argentina decidieron levantar su voz contra el aborto legal y salieron a las calles. Las imágenes fueron fuertes y mostraron que gran parte de la sociedad argentina no está preparada para la discusión sobre aborto sí o aborto no, y las protestas levantaron la bandera de la vida.

Miles de personas marcharon ese día para rechazar el proyecto que se debate en el Parlamento y que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, al defender que la vida es un derecho humano que comienza “en el primer instante de la concepción”.

La manifestación central tuvo lugar en Buenos Aires desde la emblemática Plaza de Mayo, donde se ubica la sede del Gobierno nacional, hasta el Congreso, donde el próximo 13 de junio se votará la iniciativa que lleva dos meses debatiéndose en comisión. “Pedimos que no haya ley, que se saquen los protocolos asesinos del aborto instalados en muchas ciudades y que no se modifiquen los códigos civiles ni penales”, señaló el coordinador nacional de la denominada “Marcha por la Vida”, Alejandro Geyer.

A su juicio, “la ciencia ha demostrado hasta cansarse que la vida comienza desde el primer instante de la concepción”, por lo que el derecho a vivir es “el primer derecho de un ser humano”.

“Ya está vivo y no se lo puede tocar, sino habría que restablecer la pena de muerte: es equivalente”, insistió antes de asegurar que “no importa el tiempo, si tiene un mes o 25 años” porque “no se puede matar a las personas”.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina presentó a principios de marzo, por séptima vez, un proyecto de ley con la firma de 71 legisladores de distinto signo político que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo hizo después de que el presidente, Mauricio Macri, personalmente contrario al aborto, instase a que se debata en el Congreso. El Código Penal vigente desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que “no es punible” cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.

La nueva iniciativa establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación y, después de ese plazo, en los dos casos permitidos hoy o si existen malformaciones fetales graves. Los principales argumentos de quienes piden legalizarlo es que, en Argentina, se practican 500.000 abortos clandestinos al año, es la principal causa de muerte de gestantes en 17 de 24 provincias y, según Unicef, nacen anualmente 3.000 bebés de niñas menores de 14 años.

Para Geyer, la mayor parte de estas cifras son “falsas” porque, según apuntó, en 2016 se produjeron 43 muertes por interrupciones del embarazo, y algunas de ellas fueron “naturales”.

“Los números son totalmente inflados y no corresponden con la realidad. Al problema hay que darle una solución, no otro problema, que mata a un niño y también hace mucho daño a la mujer”, afirmó.

En ese sentido, las asociaciones contrarias a la despenalización piden que el Estado “tome las riendas” y ponga en marcha políticas serias que garanticen una “buena educación” de los jóvenes, de forma que “el sexo no sea un juego y que el aborto no sea un método más anticonceptivo”.

Geyer también insistió en la necesidad de que se implemente una ley de adopción “rápida” y “sin corrupción”, que se ponga en marcha un sistema de asistencia a la “mujer vulnerable” que garantice una ayuda económica “desde el momento del embarazo” y que se impongan “castigos muy severos para los violadores”.

El coordinador nacional de la marcha aseguró que esta es “totalmente ciudadana, civil y laica” y espera que se superen los más de dos millones de asistentes que, dijo, alcanzaron en la anterior convocatoria del 25 de marzo.

Ahora, “la gente se ha estado informando” y se ha sumado a la “defensa absoluta de la vida” porque no acepta un proyecto de ley “a favor de la muerte” que “permite a una niña de 13 años ir a un hospital y, sin decirle nada a los padres, realizarse un aborto y permite que los médicos no puedan hacer objeción de conciencia”, apuntó Geyer.